
Noticias Argentinas difundió que el Gobierno nacional modificó las bases de contratación del estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLP, encargado de representar al Estado argentino en los principales litigios internacionales que se tramitan en tribunales de Estados Unidos y el Reino Unido, entre ellos las causas vinculadas con la expropiación de YPF y el Cupón PBI.
La decisión fue oficializada mediante la Resolución 882/2026 del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Luis Caputo.
Según los fundamentos de la resolución, las modificaciones buscan fortalecer la estrategia de defensa del Estado frente a los litigios actuales y futuros.
"Con miras a la oportuna y adecuada tutela de los intereses del Estado Nacional deviene necesario introducir modificaciones a las mencionadas Bases de Contratación, las que contribuirán en la dinámica de administración de la actual y venidera cartera de litigios", señaló el texto oficial.
El contrato con Sullivan & Cromwell fue suscripto originalmente en 2021 para afrontar causas de elevado impacto económico para el Estado argentino. En la actualidad, el estudio lidera la representación del país en tres frentes judiciales principales.
Uno de ellos corresponde a las demandas vinculadas con el Cupón PBI en Estados Unidos, iniciadas por fondos como Aurelius Capital Master, Novoriver S.A. y ACP Master, entre otros, relacionadas con el pago de esos títulos atados al crecimiento económico.
También interviene en los litigios derivados de la expropiación de YPF, iniciados en Nueva York por Petersen Energía y Eton Park, y en el proceso promovido por Palladian Partners y otros inversores ante la Alta Corte de Justicia del Reino Unido.
La resolución incorpora además la posibilidad de que, a pedido de la Procuración del Tesoro de la Nación, el estudio represente al Estado argentino en otros litigios que puedan iniciarse en jurisdicciones extranjeras.
Entre las principales modificaciones introducidas en las bases de contratación se mantiene el esquema de honorarios por hora de trabajo, diferenciados según la categoría y antigüedad de los profesionales. Los pagos continuarán realizándose en dólares estadounidenses, salvo los gastos correspondientes a actuaciones en el Reino Unido, que se abonarán en libras esterlinas, o en la Unión Europea, donde podrán efectuarse en euros.
Asimismo, el Estado asumirá los costos vinculados al desarrollo de los procesos judiciales, incluyendo honorarios de especialistas externos, viajes, alojamiento y trabajos de reproducción documental, siempre que esos gastos se encuentren debidamente justificados.
La nueva normativa también refuerza las exigencias en materia de transparencia e integridad. En ese sentido, Sullivan & Cromwell deberá cumplir con las obligaciones vinculadas a declaraciones juradas de intereses, confidencialidad y programas de integridad previstos en la Ley 27.401, con el objetivo de prevenir eventuales conflictos de interés durante la prestación del servicio.
La actualización representa la tercera modificación del contrato firmado en 2021, luego de las enmiendas aprobadas en mayo de 2022 y septiembre de 2025. Según la resolución, los nuevos términos fueron aceptados por el estudio jurídico y contaron con la intervención del servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía.